Carlos Buxadé.
Agricultores y ganaderos de nuestro país llevan semanas protestando, entre otras cuestiones, por los bajos precios que, en general y, como siempre, con las correspondientes excepciones puntuales (léase actualmente el porcino) se pagan en el campo lo que compromete muy seriamente la rentabilidad de sus explotaciones.
Realmente no es una cuestión exclusivamente española; se trata, sin duda, de un fenómeno que se repite en un contexto mundial marcado por la progresiva caída de los precios agrícolas y frente a la que los gobiernos sólo tienen un relativamente estrecho margen de actuación, sin violar las normas de competencia.
Y llueve sobre mojado; en efecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculan que entre los años 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán entre el 1 y el 2 por 100 anual. A ello hay que añadir los nuevos hábitos de los consumidores y los efectos del cambio climático y, en el caso de la Unión Europea, los efectos del Brexit y los acuerdos comerciales firmados con países ajenos el Eurogrupo.
En este marco, hace un par de días, almorzando con don Jaime Lamo de Espinosa, comentamos el tema de la “situación del campo” y, desde luego, me reconforta que una personalidad de la enjundia del Profesor Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático y ex-Ministro de Agricultura, en una carta que ha escrito como Director de Vida Rural y que ha titulado “El campo llama a la puerta” (carta que recomiendo encarecidamente leer), haya abordado este tema con una claridad y una profundidad tal, que me han animado, salvando obviamente las distancias, a escribir una vez más sobre esta compleja temática.
Aun así, se me hace muy difícil, emocionalmente hablando, escribir de nuevo sobre esta compleja cuestión porque, como lo he expuesto decenas de veces en mis clases, en mis conferencias y/o en mis apariciones en los medios sociales de comunicación, hablar del “sufrimiento real del campo” a una socie, la española, muy mayoritariamente urbanita y cada día más alejada de la realidad agraria (y, en general cada día más ignorante de lo que supone, humana y socialmente la “realidad rural cotidiana” para el que la vive) me parece que es, más o menos, como hablar a una pared.
Pero la realidad es la que es y la exposición de la misma puede ayudar a entender lo que está sucediendo actualmente en el sector agrario español (básicamente agricultura, ganadería y pesca). Un sector que, sin duda, juega un claro papel estratégico tanto a nivel interno como externo (somos el octavo país exportador de alimentos a nivel mundial) aunque solo genera el 2,7 por 100 de nuestro PIB (Producto Interior Bruto) y el 4 por 100 del empleo.
Veamos: el año pasado, la Renta Agraria, de acuerdo con las primeras estimaciones del MAPA, cayó, en términos reales, del orden de un 10 por 100 mientras que la compra de inputs crecía un 3,6 por 100 y la renta por unidad de trabajo agrario (UTA) se situaba a un nivel inferior al de los últimos cuatro años.
Paralelamente el 30 de enero se firmaba el acuerdo por el que se fijaba en 950 euros brutos mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2020 (un aumento del 5,5 por 100 después de haber subido ya anteriormente un 22,3 por 100).
No es éste un tema baladí dado que casi el 45 por 100 de los agricultores cobra el SMI y tengo claro que esta nueva subida del mismo provocará una nueva pérdida de puestos de trabajo en el campo; y no perdamos de vista que, según la última encuesta de población activa (EPA) el año pasado en el campo, se destruyeron unos 46.000 empleos (gracias, fundamentalmente al fuerte aumento del SMI). Dicho en otras palabras, por primera vez, desde el año 2014 disminuyó la ocupación agrícola y más que va a reducirse dado que el sector tampoco puede trasladar estos aumentos de casi el 30 por 100 del SMI a sus precios de venta agravando el problema de la “España vaciada”.
La realidad es que en nuestro sector primario la relación entre los precios percibidos y los precios pagados se va deteriorando (hoy éstos están ya entre el 40 y el 45 por 100 de aquéllos en razón de lo que el profesor Jaime Lamo denomina “la doble presión inversa”). Ello comporta, ni más ni menos, que muchas explotaciones no puedan cubrir la totalidad de sus costos laborando realmente a pérdidas.
Y por todo lo expuesto, bajo el lema “Agricultores al límite”, las organizaciones agrarias se están movilizando y más que se van a movilizar, para reclamar una solución al conflicto real existente por la falta de rentabilidades; conflicto al que don Luís Planas, nuestro Ministro de Agricultura, ha definido muy bien como “un problema de precios y de márgenes”.
La solución no es nada fácil. Defiendo la revisión profunda de la Cadena Alimentaria y la “hoja de ruta” establecida por el MAPA aunque la misma, en mi opinión, sólo puede paliar el problema, pero no solucionarlo. Creo sinceramente que, paralelamente, hay que considerar, sin miedo, esta situación de conflicto grave en la nueva PAC. Sigo defendiendo lo que no gusta ni convence a los “no agraristas”: la fijación, en cada caso y en cada sector agrario, de unos precios mínimos de garantía (la inmensa mayoría de los productos de este sector son altamente sensibles) sabiendo que la misma que exige la creación de una verdadera y estable “Cadena de Valor”.
Asumo que, ante estas opiniones, muchos políticos frunzan el ceño; que los “tiburones”, acérrimos defensores a ultranza de la Ley de la Competencia Desleal, se suban por las paredes; que la industria agroalimentaria y la distribución deban asumir que “habrán de apretarse el cinturón de verdad” y que los consumidores teman, con razón, un relativo aumento de los P.V.P. en toda una serie de alimentos. Pero, como dicen en el campo “o se alcanza una solución real a esta crisis o esto va a estallar” y, por favor y “por si acaso”, que nadie ponga en el “baúl de los recuerdos olvidados” al binomio “chalecos amarillos – Francia” ¿me explico?
Artículo publicado en Los Porcicultores y su Entorno Marzo- Abril 2020
