Viajan ganaderos mexicanos a EU para abordar el tema de la COOL

Redacción BM Editores.

Un grupo de ganaderos y engordadores de México viajó a la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, encabezados por el Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), presidente, Ing. Homero García de la Llata y tesorero, Ing. Noel Ramírez Mejía.

El propósito de la visita fue cumplir con una agenda de trabajo sobre la decisión de una posible reactivación de la Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL), con representantes agrícolas de las embajadas de ese país y Canadá, así como con integrantes de la National Cattlemen´s and Beef Association (NCBA) para exponer el daño que provocaría esta medida en el comercio de ganado y carne entre las naciones.

Antecedentes anteriores de la Ley COOL

Cabe mencionar que México y la CNOG nunca estuvieron de acuerdo en que dicha Ley fuera incluida en la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural de Estados Unidos (Farm Bill), aprobada el 13 de mayo de 2002; la COOL incluyó un apartado sobre la cual establecía que todo producto perecedero, entre ellos los cortes frescos o congelados de carne de res, ternera, cordero y cerdo, comercializados en Estados Unidos, deberían portar o informar en los puntos de venta  finales el país de procedencia, por ello la Confederación inició las gestiones correspondientes ante las Secretaría de Economía y de Agricultura para solicitar el establecimiento de un panel arbitral ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Finalmente fue publicada la regla final mediante la cual quedó como obligación etiquetar la carne con información sobre el país de origen para animales importados para sacrificio inmediato o para engordar y luego sacrificio, las etiquetas señalaron a México y Estados Unidos como país de origen.

La posición de las cadenas de supermercados, quienes fueron las responsables de los costos asociados al etiquetado de país de origen, trasladaron a los productores, exportadores y distribuidores los costos y la responsabilidad de etiquetar el producto, quienes en caso de no absorberlos podrían ser reemplazados por otros proveedores.

Algunos supermercados empezaron a poner en práctica la firma de contratos con los productores y exportadores mexicanos donde los últimos se comprometieron a cumplir con lo establecido en la Ley COOL en materia de etiquetado y archivo de información, haciéndolos responsables de pagar las multas que les sean impuestas en caso de incumplimiento. Dichas multas alcanzarían los 10 mil dólares por cada vez que se incurra en falta.

Esto, trajo como consecuencia grandes desventajas para los ganaderos mexicanos, ya que tan solo en el 2008 se dejaron de percibir 12 mil 500 millones de pesos por la exportación de ganado para engorda en ese país y desde la entrada en vigor de la Ley COOL obligó a los agentes de la cadena productiva a cambios en las líneas de sacrifico y despiece de las canales obtenidas de animales nacidos en México, costos que se trasladaron a los ganaderos mexicanos y que llegaron a ser de hasta de 100 dólares por cabeza, mermando significativamente sus ingresos.

Especialmente se percibió un impacto en las exportaciones correspondientes a bovinos en pie, ya que se vio una diminución en el precio de venta de 60 dólares por cabeza, ganado que se exporta para su desarrollo, engorda y sacrificio a ese país, justificados por los compradores de ganado por supuestos costos adicionales en la segregación de animales en las etapas de desarrollo, finalización, sacrificio y deshuese. Lo anterior se tradujo en una discriminación del ganado mexicano tanto en precio como en volumen.

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Ante estos acontecimientos la CNOG, en defensa de los intereses de los ganaderos, manifestó su inconformidad ante el Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos y el Congreso de este mismo país, a través de la Consejería Agroalimentaria y la Embajada de México en esa nación, manifestando las implicaciones económicas y comerciales y trato discriminatorio en el marco de los acuerdos signados por ambos países en la OMC, del Tratado de Libre Comercio y del Codex Alimentarius.

De manera paralela, también se discutieron y acordaron acciones conjuntas con asociaciones de ganaderos de Estados Unidos y Canadá y se consideró que la Ley COOL representó barreras técnicas al libre comercio, cuyo fundamento fue la mercadotecnia bajo el supuesto de que el consumidor americano tendría información del origen del producto que consume.

Sin embargo, desde su concepción, esta iniciativa ha sido criticada fuertemente por las diferentes industrias involucradas en Estados Unidos, principalmente por el costo de su implementación y a los pocos beneficios esperados.

Por esta razón, la representación permanente de México ante la OMC entregó el documento elaborado por la CNOG a la Presidencia del Órgano de Solución de Diferencias del organismo internacional, la solicitud de establecimiento del Grupo Especial en el asunto de la COOL para que este tema se incluyera en la sesión ordinaria de este Órgano, mismo que se celebró el 23 de octubre de 2009.

Con ello, los ganaderos organizados mexicanos dieron un paso más en el proceso legal que tuvo como propósito que Estados Unidos eliminara dicha disposición por representar una barrera al comercio de animales vivos de la especie bovina.

Presionando para una resolución favorable, el 27 de enero de 2010, la CNOG se reunió con una comisión de funcionarios y ganaderos de Estados Unidos y Canadá en las oficinas de esta organización donde abordaron el impacto negativo de la Ley COOL en el desarrollo de la ganadería mexicana.

Posteriormente, el 29 de junio del 2012, el Órgano de Apelación de la OMC dio fin al proceso legal y dio inicio a la adecuación de la Ley COOL por parte de Estados Unidos para evitar el trato discriminatorio del ganado mexicano en ese mercado.

Con este fallo los ganaderos mexicanos pudieron recuperar hasta 95 dólares por cabeza de ganado en pie exportada a Estados Unidos, además de mantener sus ventas a ese país, las cuales fueron de 1.4 millones de bovinos con un valor superior a los 600 millones de dólares.

A pesar de ello, el gobierno estadounidense equivocadamente dio cumplimiento a la misma modificando solamente la Regla final del USDA, cuando debió también cambiar la Ley expedida por el Congreso de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la Regla final expedida por el USDA hizo más marcada la discriminación en contra del ganado mexicano en lugar de eliminarla, lo cual se tradujo en una mayor reducción de los precios de las exportaciones mexicanas.

La nueva regla final prohibió que se mezclara carne proveniente de ganado nacido en México con la de ganado de Estados Unidos, así como incrementar la complejidad del sistema de etiquetado del vecino país, ya que para cada corte se informó el lugar de nacimiento, crianza del animal y sacrificio de donde proviene.

Fue evidente que no se cumplió con la obligación de modificar un sistema que se ha demostrado y resuelto que es contrario a las obligaciones internacionales por parte de Estados Unidos, haciéndolo más complejo, gravoso y discriminatorio.

Por ello, la CNOG se sumó a la demanda judicial interpuesta el 8 de julio del 2012 por organizaciones como la North American Meat Institute (NAMI), American Association of Meat Processors (AAMP), entre otras, en las cortes de Washington, contra Estados Unidos, ya que no cumplió a cabalidad con el fallo que emitió la OMC al determinar que dicho sistema de etiquetado discriminó al ganado mexicano, además debió cumplir el veredicto de la OMC el 23 de mayo del 2013.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2014 la OMC dio a conocer de manera clara y contundente que la injusta reforma que el 23 de mayo de 2013 el USDA realizó a sus regulaciones, resultó contraria a la decisión de dicho organismo multinacional, ya que la modificación hizo mucho más restrictivo y asfixiante el sistema de etiquetado estadounidense, lo que agravó la discriminación y consecuente penalización en el precio de las exportaciones mexicanas de ganado bovino.

Ante este reconocimiento de la OMC y el incumplimiento de Estados Unidos, en el 2015, funcionarios mexicanos ofrecieron una declaración conjunta, en compañía de los de Canadá y Estados Unidos para apoyar la aplicación de represalias en contra de las exportaciones provenientes de Estados Unidos y le hicieron un llamado a derogar la legislación que establece la COOL y a cumplir con sus obligaciones internacionales.

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