Enrique Domínguez.
Se le ha otorgado a la agroindustria la permisibilidad de autoregularse en proceso de producción, insumos, sucedáneos, presentaciones lo que a la postre tenemos productos procesados de alto riesgo de salud: carnes procesadas o embutidos, lácteos, cacao (chocolates), vainilla, miel de abeja, caña de azúcar, café, refresco y bebida, entre otros. Los organismos internacionales han sido coptados como la OMS, FAO, y por las cámaras de la industria a nivel nacional e internacional… ¿habrá corrección?
Es una pregunta profunda y de enorme calado crítico sobre la relación entre el libre mercado, los marcos regulatorios internacionales y nacionales, y la salud pública. Abordar este debate implica analizar varios factores estructurales que explican por qué se ha llegado a este punto y si existen indicios reales de un cambio de rumbo.
¿Por qué se ha permitido la autorregulación o regulaciones laxas?
La flexibilidad regulatoria hacia la agroindustria y la industria de alimentos ultraprocesados no ha sido un accidente, sino el resultado de décadas de modelos económicos basados en el libre comercio, la reducción de barreras arancelarias y la facilitación corporativa:
- Influencia y “Captura” Institucional: Diversos sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo las grandes corporaciones agroalimentarias y sus cámaras empresariales participan activamente (y a veces influyen de manera desproporcionada) en el diseño de políticas públicas, códigos alimentarios internacionales (como el Codex Alimentarius de la FAO y la OMS) y normas oficiales mexicanas. Esto se traduce a menudo en marcos donde prevalece la autorregulación voluntaria (etiquetados voluntarios, códigos de conducta de marketing) por encima de prohibiciones estrictas.
- Competitividad y Costos: Los gobiernos suelen argumentar que normativas excesivamente rígidas o la prohibición de ciertos insumos, sucedáneos o aditivos encarecen la producción, restan competitividad a las exportaciones y pueden generar desabastecimiento o inflación.
- Complejidad Tecnológica y de Insumos: La industria alimentaria moderna utiliza una vasta gama de aditivos, saborizantes, colorantes y sucedáneos (como grasas vegetales hidrogenadas en lácteos o jarabe de maíz de alta fructosa en sustitución de la caña de azúcar pura) cuya evaluación de riesgo toxicológico a largo plazo avanza con mayor lentitud que la innovación industrial.
¿Hay indicios de corrección?
A pesar del panorama de predominio industrial, en los últimos años se han abierto grietas importantes que apuntan hacia un intento de corrección institucional y regulatoria, tanto en México como a nivel global:
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A nivel internacional
- El giro de la OMS y la OPS: La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han endurecido drásticamente sus posturas frente a los ultraprocesados, las grasas trans y el consumo excesivo de azúcares. Informes recientes señalan abiertamente la necesidad de limitar la influencia corporativa en la formulación de políticas de salud.
- Impulso a las Advertencias Sanitarias: Organismos internacionales respaldan cada vez más la implementación de políticas fiscales (impuestos a bebidas azucaradas y comida chatarra) y restricciones a la publicidad dirigida a la infancia, medidas que antes eran resistidas por completo.
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En México
- Etiquetado Frontal de Advertencia (NOM-051): La implementación de los sellos negros de advertencia (“Exceso en azúcares”, “Exceso en calorías”, etc.) y la prohibición de personajes infantiles en empaques representó un golpe directo a la autorregulación publicitaria de la industria de alimentos y bebidas, situando a México como referente en la materia a nivel regional.
- Prohibición de Grasas Trans: Las recientes modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir el uso de aceites parcialmente hidrogenados (grasas trans de origen industrial) en alimentos y bebidas no alcohólicas muestran un paso de la voluntariedad a la obligatoriedad estricta.
- El caso de la miel, la vainilla y el cacao: En productos tradicionales y de denominación de origen, la presión de productores locales y denominaciones de calidad ha impulsado mayores controles frente a los sucedáneos (por ejemplo, falsas mieles o chocolates que no cumplen con los porcentajes mínimos de cacao), aunque el combate al fraude comercial y al etiquetado engañoso sigue enfrentando grandes retos de inspección y vigilancia (por parte de Cofepris o Profeco).
¿Hacia dónde va el futuro?
La “corrección” no ocurre de manera uniforme ni rápida, debido a la enorme capacidad de litigio y presión económica de las cámaras industriales. Sin embargo, la crisis global de salud pública -marcada por epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles- está obligando a los Estados a replantearse el dogma de la autorregulación.
El dilema actual radica en si los gobiernos mantendrán la voluntad política de anteponer el principio precautorio de salud pública frente a los intereses comerciales, o si las medidas se quedarán en paliativos ante un mercado global profundamente industrializado.
Para el campo, proveedor de alimento básico desde siempre, ha sido relegado al amparo de políticas pública que solo han favorecido a la industria y el comercio en el uso de sucedáneos de productos importados bajo condiciones de prácticas desleales y que fueron sustituidos en la estantería del comercio organizado e informal
