Redacción BM Editores.
Como parte de las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas y modifica la Ley de Aguas Nacionales, organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, se instalaron tres grupos de trabajo para abordar el tema “Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas”, con aportaciones de ponentes de las zonas centro, sur y norte del país.
En el grupo de trabajo de la Zona Centro, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, secretaria de la Comisión y quien coordinó este grupo, mencionó que se recopilarían los cambios sugeridos para llevarlos a la Comisión para la discusión de esta Ley.
A su vez el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez propuso regularizar todos los trámites rezagados, fortalecer las áreas de administración del agua incluyendo los sistemas de gestión y de información, así como las transmisiones, la dotación de agua para servicios e industria público-urbano e incentivar el uso de agua residual tratada.
En su intervención, Christopher Ávila Mier, representante de la Concamin, consideró que se debe incluir en la Ley que se garantizará la reasignación de los volúmenes recuperados para las actividades productivas.
Luis Fernando Haro Encinas, director General del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), resaltó que es indispensable que la Ley a discusión, incluya incentivos claros para los productores, ya que en el campo y el sector agrícola el 76 por ciento del agua se utiliza para producir alimentos; por ello, pidió que el régimen de concesiones sea diseñado con visión de futuro, rigor técnico y responsabilidad social garantizando el derecho humano al agua como una prioridad.
Enrique López López, director de la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), hizo notar que en las ciudades el 40 por ciento del agua se pierde por infiltración, por lo que se requiere modernizar el aprovechamiento y abrir posibilidades para programas de impulso a la inversión e infraestructura.
Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), dijo que, si bien hay disposiciones expresas en cuanto a lo que es el agua y la salud, no hay ninguna disposición que haga referencia al derecho humano al medio ambiente, a la alimentación adecuada.
Judith Domínguez Serrano, del Colegio de México, al hablar sobre el reúso de aguas residuales, planteó establecer que en el artículo 84 Bis 5 las legislaciones estatales son las encargadas de regular el reúso de las aguas tratadas y no tratadas en su ámbito territorial, teniendo en cuenta lo establecido en las NOM.
José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que concentrar en oficinas centrales el otorgar permisos y concesiones iría en contra de la idea de dar mayor eficacia y transparencia a la operación y eficiencia de la propia Comisión, por lo que planteó que en ese aspecto la ley se quede como está, a fin de que los títulos de concesión, asignación y permiso de descarga sean otorgados a través de los 13 Organismos de Cuenca.
Hernán Rogelio Islas Solís, representante de las Unidades de Riego del municipio de Metepec, Hidalgo, pertenecientes al acuífero del Valle de Tulancingo, cuestionó que en el proyecto se limite o no se permita la transmisión de derechos de uso de aprovechamiento de aguas nacionales entre particulares, ni en vida ni por herencia
Fabián Olmedo, agricultor, enfatizó que es importante lograr una Ley de Aguas Nacionales que represente a todos, garantice el líquido vital para el consumo humano, y que los agricultores estén representados y participen activamente con igualdad de circunstancias.
Rodolfo Bravo Ornelas, presidente del comisariado ejidal de Cuerámano, Guanajuato, consideró que se violarían los artículos 27, 14, 16, 22 y 31 de la Constitución Política si se aprueba esta Ley de Aguas. “Desde ahí ya tenemos cinco artículos que nos pueden dar motivos de meter amparos porque somos más de 30 mil productores con pozos”.
En esta mesa, agricultores, productores, ejidatarios, abogados y representantes de asociaciones, organizaciones y de diversos sectores productivos, comentaron que la aprobación de esta modificación generaría un marco claro para impulsar la adopción masiva de tecnologías pluviales, alinear la política del agua con estándares internacionales de sostenibilidad y convertir a México en referente regional, gestión hídrica, resiliente y circular.
Zona Sur
El grupo de trabajo de la Zona Sur fue instalado por su coordinador, el diputado Gabriel García Hernández, quien aseveró que el propósito es auxiliar en la revisión de la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Margarita Corro Mendoza destacó que la importancia de las concesiones del agua es que realmente sean utilizadas específicamente para lo que fueron concedidas y que exista un padrón de cuántos productores hay, si están en funciones o aún viven los productores originales. Agregó que se deberían de aplicar mayores recursos para proyectos productivos y población que realmente lo necesita.
A su vez, Néstor Octavio Guerrero Sánchez, director de Proyectos Especiales de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), solicitó conservar el artículo 23 Bis en la vigente Ley de Aguas Nacionales, que establece un mecanismo para suministrar provisionalmente algún volumen de agua sin que esto implique una transmisión de derechos. Advirtió que eliminarlo sería perjudicial en casos de arrendamiento de superficies.
Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, calificó el artículo 12 Bis “como una reacción débil y poco burocrática”, donde los Organismos de Cuenca son participantes y se intuye que se deja el poder de la decisión a la Comisión Nacional del Agua. “De lo que se trata es que se les otorgue la autoridad directa a los Organismos Regionales de Cuenca”.
En tanto, Alejandro López Tamayo, director de Centinelas del Agua A.C., externó que la legislación actual no permite el reúso de aguas residuales tratadas para consumo humano, lo que limita las soluciones ante el estrés hídrico y contamina ecosistemas como lagos, ríos, lagunas, cenotes y arrecifes. Propuso una reforma legal que habilite el reúso bajo condiciones seguras, así como la creación de un sistema de certificación y vigilancia.
Zona Norte
Finalmente, al instalar el grupo de trabajo Zona Norte, la diputada Martha Olivia García Vidaña recordó que serían cuatro días de actividades en los que se abordarán estos y otros temas, que responden a los retos de la región norte del país, donde se concentran fenómenos como estrés hídrico, explotación de acuíferos, alta demanda agrícola e industrial y patrones de variabilidad climática que requieren una revisión técnica, normativa y de política pública.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, expresó su preocupación por que la iniciativa prohíbe la transmisión de derechos de concesión, lo cual podría dejar en estado de indefensión a las personas adultas mayores y propuso no se aplique a viudas, agricultores y productores adultos mayores.
El senador Mario Humberto Vázquez Robles, manifestó que se tiene que combatir la especulación, pero subrayó que prohibir las transmisiones equivale a destruir la seguridad jurídica de quienes sí cuidan el agua e invierten en ella; además, se deben permitir transmisiones legítimas de herencias, sucesiones y compraventas agrícolas.
El diputado local de Zacatecas Jesús Padilla Estrada sostuvo que “la iniciativa no considera las particularidades de cada estado o región”, por lo que planteó hacer un examen riguroso y no legislar en fast track. Consideró que la propuesta deja en estado de indefensión a miles de pequeños productores, violenta el principio de legalidad, por lo que no habrá producción y se perderán empleos.
Octavio César Hernández Álvarez en representación de la CNOG, solicitó conservar el mecanismo que ha permitido suministrar algún volumen de agua sin que se trate de una transmisión de derechos y sin que se modifique uno solo de los términos de concesión otorgados.
Guillermo Pérez Gavilán, del Consejo Consultivo del Agua, de Durango, planteó que se autorice la transmisión de concesiones entre particulares, se regule y ordene para evitar su especulación. Además, subrayó la importancia de contemplar una partida presupuestal que soporte las responsabilidades de la Conagua.
Jorge Luis López Martínez, del CNA, expresó que se requiere una ley que ponga orden en el manejo del agua y fortalezca las facultades de la Conagua, tanto jurídicamente como con presupuesto, y una política hídrica apropiada con respeto irrestricto a la seguridad jurídica del derecho al agua.
En esta mesa se manifestó la necesidad de una ley de aguas útil que dé certeza jurídica, la importancia de no quitar facultades a organismos de cuenca, ni eliminar la transmisión de derechos del agua y que puedan transferirse a familiares en línea recta, cónyuge, concubina, concubino o personas morales.
Además, ampliar el periodo de solicitud de prórroga para los títulos de concesión; que los derechos, considerar pozos ganaderos y pecuarios de prioridad social y seguridad rural; facultar a organismos de cuenca para sustanciar y resolver concesiones y asignaciones; que el volumen de agua concesionada dependa de la disponibilidad del acuífero.
Participaron en esta mesa funcionarios municipales, académicos, consultores nacionales, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina, el Grupo de Productores de la región de Centro-Norte de Zacatecas, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Sector Privado Empresarial de Durango, el Centro de Investigaciones de Aguas Nacionales, así como Unidades y Distritos de Riego.
Con Texto y Fotografías de Cámara de Diputados.
