Redacción BM Editores.
Es fundamental impulsar una legislación sobre prevención, mitigación, corrección y recuperación de las artes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, mejor conocidas como “artes de pesca fantasma”, coincidieron senadoras de la República e integrantes del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI, por sus siglas en inglés) y del Programa en México de la Fundación del Caucus Internacional de Conservación (ICCF, también por sus siglas en inglés).
Lo anterior, en una reunión de trabajo entre dichas organizaciones y la Comisión de Pesca y Acuacultura, que preside la senadora Ivideliza Reyes Hernández.
Al presentar el documento: “Bases para abordar las artes de pesca fantasma en México: Desde la legislación y las políticas públicas“, Eleonora Aranda, directora del Programa en México, ICCF, dijo que es necesario crear un marco legal que ayude a identificar las redes de pesca abandonadas por medios de recuperación y reutilización, así como para desarrollar nuevas artes que sean respetuosas con el medio ambiente.
Subrayó que actualmente no está definido en el marco legal lo que son las artes de pesca fantasma, por lo que es necesario una legislación que la defina de manera correcta; que deje claras las atribuciones de cada dependencia; precise los impactos presupuestales; y establezca un sistema de alerta, registro y recuperación.
En tanto, Claudia Cecilia Olimón, coordinadora de la GGGI en Latinoamérica, expresó que desde esa organización se busca proveer de insumos técnicos que sirvan a las y los legisladores y a la administración pública federal, para que construyan leyes, iniciativas o políticas encaminadas a abordar el manejo de las artes de pesca olvidadas.
Por su parte, Ingrid Giskes, directora de la GGGI, manifestó que estos diálogos buscan sumar a diversos sectores para llevar a cabo una gestión integral de este problema, así como para su prevención, mitigación y recuperación en beneficio de los océanos.
Al respecto, la legisladora Reyes Hernández precisó que ya se cuenta con una iniciativa para abordar este problema, un proyecto encaminado a rescatar y descontaminar los océanos, así como lograr que los pescadores tengan mejores condiciones y cuidar la vida marina.
Advirtió que se estima que cada año unas 640 mil toneladas de artes de pesca son abandonadas en los océanos, las cuales se convierten en trampas mortales para la fauna marina. Por tal motivo, la senadora se comprometió a trabajar de manera conjunta con las organizaciones, a fin de impulsar la legislación que México necesita a favor del rescate de los océanos.
Conapesca y la Semar refuerzan vigilancia en pesca y acuacultura.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y la Secretaría de Marina (Semar) firmaron un convenio general de colaboración para fortalecer la vigilancia, inspección y cumplimiento de la legislación en materia de pesca y acuacultura en aguas de jurisdicción federal.
La Conapesca y la Semar acuerdan coordinar esfuerzos mediante la implementación de mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normativas pesqueras y, para ello, se destinarán recursos humanos, materiales y económicos conforme a la disponibilidad presupuestal.
Asimismo, se prevé la suscripción de convenios específicos que detallarán acciones concretas, incluidos programas de inspección, capacitación y supervisión operativa con la participación de unidades administrativas y operativas de cada institución.
Dentro de este esquema de colaboración, la Semar desempeñará un papel fundamental en la vigilancia marítima, al ejercer funciones de guardia costera para el mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. Por su parte, Conapesca se encargará de establecer y coordinar la política nacional en materia de pesca y acuacultura y, de esta manera, asegurar la correcta aplicación de los programas y estrategias de inspección y vigilancia, así como la administración de sanciones en caso de incumplimiento.
El convenio tendrá una vigencia al 30 de septiembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado por acuerdo mutuo.
Finalmente, el convenio contempla un mecanismo de seguimiento mediante reuniones periódicas entre representantes de las instituciones involucradas, con la intención de garantizar la evaluación y mejora continua de las estrategias implementadas.
Con ello, las autoridades buscan fortalecer la protección de los recursos pesqueros y acuícolas, fomentar la legalidad en las actividades del sector y contribuir a la seguridad alimentaria y sustentabilidad de los mares nacionales.
Este acuerdo se enmarca en las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y otras normativas nacionales e internacionales aplicables para garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y la prevención de la pesca ilegal.
