Base estudio realizado por la ONU con revisión de datos concentrados por SIAP y validación de apreciaciones de diversos líderes y empresarios representativos (texto original en inglés):
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctncd2012d2_en.pdf
Luz María de la Mora
(Traducción).
CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE LA PERSPECTIVA
1. Conclusiones
Este PANORAMA ha destacado algunos de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la agricultura mexicana, el comercio y las políticas relacionadas, tanto históricas como contemporáneas, e identificó áreas donde pueden hacerse mejoras. Se encontró que el sistema actual de apoyos agrícolas no está suficientemente orientado a resultados y carece tanto de eficiencia como de eficacia. Se hace necesario un enfoque coordinado de la política agrícola, tanto en términos de instituciones y de dirección. Hay una falta de coherencia entre los numerosos subsidios, a pesar de la existencia del Programa Especial (PEC), a la vez que no hay una política definida de largo plazo detrás de dichos subsidios. Los criterios de selección deben ser más rigurosamente evaluados, pues los subsidios son a menudo mal dirigidos y sólo una pequeña proporción va a las poblaciones rurales.
La falta de recursos humanos y materiales asociados a estos programas lleva a procedimientos de monitoreo y evaluación sub-óptimos de sus objetivos. Resulta urgente una estrategia de salida con plazos prestablecidos, pues a menudo existe poca congruencia con los plazos definidos. La introducción de sistemas de régimen de pago único (RPU) podría contribuir a aliviar estos problemas. Los esquemas de ayudas, la subvención de la producción agrícola o la prestación de subsidios a los insumos podrían llevarse a cabo de una manera competitiva para no dar lugar a distorsiones innecesarias en la competencia. Es necesario crear un sistema que garantice la consulta popular en el diseño del programa y un monitoreo eficaz. Existe la posibilidad de crear asociaciones y desarrollos institucionales que podrían interesar al Estado y grupos de interés (por ejemplo, los principales productores, exportadores, supermercados, etc.) actuando como socios iguales con las organizaciones de productores en la formulación y aplicación de políticas sectoriales.
Asimismo, los objetivos de las numerosas medidas de apoyo son a menudo inconsistentes y el PEC aún no ha logrado crear metas claras e integrales de política y directrices operativas. En la actualidad, la estructura de gobernanza de la política agrícola no es lo suficientemente fuerte para asegurar la coordinación entre las distintas partes interesadas y alcanzar los objetivos de los programas. Resulta fundamental la cooperación política, los regímenes comunes de financiación y, en general, la coordinación y la armonización de los distintos agentes y programas.
Para contrarrestar la pobreza y la emigración, la situación de los productores agrícolas tiene que mejorar dado que los pequeños agricultores productivos y eficientes son el motor de la actividad económica rural y la clave para la seguridad alimentaria nacional y el desarrollo rural eficaz. Una serie de problemas relativos a los pequeños agricultores deben ser abordados con urgencia, incluidos, entre otras cosas, la posesión de la tierra cultivable, el uso de métodos tradicionales de agricultura, la infraestructura rural insuficiente, la falta de financiación rural, la falta de poder de mercado, el control gubernamental de precios en los productos agrícolas y la liberalización comercial.
Algunas de las principales políticas deben atender las necesidades de los agricultores en términos de acceso al conocimiento sobre las mejores técnicas de producción, variedades mejoradas de semillas, la conservación del suelo o el uso más eficiente de recursos (por ejemplo, técnicas de cosecha de agua). En efecto, un cambio general de la producción industrial, basada en el monocultivo, que es altamente dependiente de insumos externos, hacia los sistemas de producción sostenible podría ser una buena alternativa para los agricultores a pequeña escala con el objeto de aumentar su productividad y rentabilidad. Este enfoque puede reducir el uso de fertilizantes sintéticos, reducir la labranza y, en el caso de la agricultura orgánica certificada podría beneficiarse con mayores márgenes en precios de venta final. Un requisito previo para los agricultores orgánicos sería el contar con sistemas de certificación del cumplimiento eficaz de las normas, lo que también ayudaría a los agricultores convencionales para determinar grados de calidad. De hecho, desde el punto de vista de las importaciones, la falta de capacidad nacional para hacer cumplir y verificar las normas de calidad conduce a su aplicación incoherente, lo que perjudica a los productores nacionales y erosiona la protección de los consumidores cuando se importan productos agrícolas baratos y de baja calidad.
Con el objeto de facilitar la inversión privada en la agricultura rural, se requiere abordar la falta de acceso a servicios de la banca comercial en las zonas rurales, especialmente teniendo en cuenta la contracción de la banca de desarrollo. La expansión del acceso a la financiación entre las poblaciones rurales se podría lograr mediante el fomento de la participación de las instituciones financieras privadas, el uso de los esquemas de crédito obligatorios del estado y las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), el desarrollo de las microfinanzas y el fortalecimiento del papel de las instituciones financieras no bancarias u otros instituciones financieras semi- formales. Al abordar el tema de la titulación de tierras, los pequeños y medianos productores serán capaces de usar sus tierras como garantía. Por otra parte, los agricultores deben ser apoyados con el desarrollo de opciones de gestión de riesgos como el seguro agrícola, la regulación de la agricultura por contrato y los intercambios de productos básicos.
La inversión pública en infraestructura y un mayor apoyo público serán necesarios para que los agricultores puedan entrar con éxito en los mercados agrícolas comerciales. Hay una necesidad de crear capacidad productiva, aumentar el acceso a los sistemas de almacenamiento y bodegas y las instalaciones básicas de procesamiento, y crear infraestructura básica de transporte rural para remediar la mala conectividad a las redes de transporte. Además, el acceso seguro al agua y la electricidad no es universal y la inversión es necesaria para garantizar el suministro a las zonas más pobres.
Hay una necesidad urgente de abordar y resolver los desequilibrios en la cadena de valor de los productos básicos (commodities), incluyendo una reducción en las situaciones cuasi-monopólicas de los proveedores de insumos, compradores y procesadores. Esto se puede lograr a través de aplicaciones más estrictas de la Ley de Competencia, evaluar decididamente las fusiones que afectan los ya muy altamente concentrados mercados agrícolas, monitoreo continuo y cercano de empresas ya existentes en esos mercados y fomentando nuevas entradas en los mercados altamente concentrados de insumos y procesamiento. Sería beneficioso fomentar la creación de nuevas organizaciones de productores, como las cooperativas o asociaciones de agricultores, así como fortalecer los ya existentes, mediante información, incentivos y regulación adecuada. En efecto, es importante que los recursos, tales como un sistema de información sobre el mercado, los sistemas de transparencia y los sistemas de certificación internacionalmente reconocidos, sean accesibles para los pequeños productores. Podría resultar de provecho fomentar que las empresas más grandes de procesamiento y los supermercados se abastezcan de pequeños productores bajo un esquema estructurado apropiado.
Se podría proporcionar apoyo a cooperativas y asociaciones mediante la inversión en instalaciones de almacenamiento y procesamiento, lo que permitiría abordar los temas de concentración en los mercados de procesamiento. Por su parte, el apoyo a la investigación y desarrollo podría incentivar nueva entrada en los mercados de insumos agrícolas, tales como las semillas híbridas. Además, la promoción de la competencia dirigida a los principales actores dentro de la cadena de valor agrícola aumentaría la conciencia y el respeto de la ley y política de competencia. Las medidas de sensibilización específicamente dirigidas a los pequeños agricultores aumentarían su capacidad de denuncia de conductas anticompetitivas e involucrar a la CFC a fin de iniciar una investigación. Las medidas alternativas, como puede ser establecer un mecanismo de quejas, también deberían ser consideradas.
México tiene un sector agrícola relativamente poco productivo y gasta relativamente poco en investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología de la agricultura. La investigación se realiza generalmente en las instituciones académicas que están poco vinculados a los productores y a menudo mal orientados a las necesidades reales de los pequeños productores. Mediante el apoyo a las actividades que conducen a una mayor productividad, la producción y las exportaciones aumentarían, mientras que al mismo tiempo se reducirían la necesidad de importaciones, incrementando la tasa de autosuficiencia.
Algunas opciones de política podrían estar limitadas a razón de los compromisos de México en la OMC y el TLCAN, pero esto no impide que se puedan tomar medidas que beneficien al sector agrícola.
Hay una fuerte necesidad de corregir los desequilibrios comerciales internacionales dado que la reforma comercial agrícola ha coincidido con el aumento de las importaciones y la disminución del empleo en la agricultura. Aunque comprometido con el TLCAN, EE.UU. ha revisado y modificado la Ley Agrícola en varias ocasiones.
México necesita monitorear continuamente estos cambios, estar conscientes de sus efectos, responder de forma proactiva y observar cómo EE.UU. podría reformular sus propias políticas nacionales, de conformidad con el TLCAN, de una manera igualmente eficaz.
Además, se debe hacer hincapié en la diversificación adicional de los mercados de exportación agrícola de México para aprovechar los nuevos mercados, reduciendo así la dependencia de los Estados Unidos. De hecho, el comercio con los países en desarrollo parece representar una buena oportunidad, aunque competitiva, para las exportaciones de México. El trabajo hacia la armonización de las medidas y reglamentos con los principales socios comerciales, en particular para el envasado de alimentos y las normas de etiquetado nutricional, podría atender importantes preocupaciones sobre seguridad alimentaria, evaluación y reducción de riesgos, y abrir nuevas oportunidades de exportación. Para facilitar las exportaciones mexicanas se requieren mayores esfuerzos para asegurar que la certificación nacional sea debidamente reconocida en otros mercados, especialmente en Estados Unidos. Las instalaciones portuarias y fronterizas también son ineficientes, lo que contribuye a la falta de la competitividad internacional de la agricultura mexicana.
Se ha demostrado que es fundamental que exista una estructura clara y evaluada continuamente para cualquier conjunto de políticas aplicadas al sector agrícola de México, pero es igualmente importante que cualquier paquete de políticas forme un todo coherente. Las opciones de política que podrían lograr reducciones en la pobreza rural o una menor migración rural-urbana podrían, en principio, diferir de aquéllas que aumentan los ingresos por exportación o maximizan la producción agrícola. La interdependencia de las políticas agrícolas, en términos de pobreza, empleo, comercio, competencia, infraestructura, etc., necesita ser abordada con el objeto de que las reformas tengan las mayores posibilidades de éxito.
Existe un potencial significativo para la extracción de energía a partir de los residuos de 13 productos agrícolas clave, en términos de bioelectricidad, bioetanol, biodiesel y biometano. Se estima que podrían generarse ingresos entre 2.4 y 4.3 miles de millones de dólares para la agricultura mexicana y dado que muchos de esos 13 productos son cultivados en sistemas de pequeños propietarios, las corrientes de ingresos provenientes de biocombustibles podrían aumentar significativamente la generación de ingresos y oportunidades de empleo (calificado) en las zonas rurales y ayudar a reducir la pobreza rural, las fluctuaciones estacionales en el empleo agrícola y la emigración rural. Es importante que México sea consciente del potencial de los biocombustibles como un apoyo al desarrollo rural, en particular como fuente de empleo e ingresos en las zonas rurales.
Hay muchos retos que deben cumplirse, sin embargo, antes de que el potencial de los biocombustibles de segunda generación pueda ser realizado deben abordarse muchos objetivos normativos y tecnológicos incluyendo la creación de un marco global para acelerar la evolución y adopción de la tecnología conexa y la demanda de biocombustibles producidos a partir de residuos. Sobre esto último, la inclusión de requisitos mínimos de compra dentro de los mecanismos de compras públicas fomentaría la producción de biocombustibles de segunda generación. Hay programas existentes de inversión rural, pero son demasia- do numerosos y complejos y no está claro si alguno de éstos proporcionaría apoyo para la producción de biocombustibles. La cooperación internacional será fundamental tanto en términos de investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas (reducción de costos, rapidez de desarrollo) como a través de la creación de mercados grandes con el objeto de aprovechar las economías de escala disponibles. Más importante, la adopción de biocombustibles de segunda generación sólo se generalizará después de una considerable integración estratégica, política y económica entre la energía y la producción agrícola.
Es importante tener en cuenta la necesidad de una mayor investigación y análisis para complementar este PANORAMA y elaborar recomendaciones de políticas específicas. Mientras que muchas partes interesadas fueron consultadas con el fin de facilitar la realización de este trabajo, se reconoce que gran parte de la investigación y el análisis llevado a cabo se podría caracterizar como “trabajo de oficina”. Hay que reconocer que este documento tiene que ser enriquecido con trabajos de campo y un involucramiento generalizado de los grupos de interés, en términos de un proceso de defensa que debe tener lugar antes de hacer recomendaciones de política que actúen en consecuencia. Por otra parte, hay extensiones obvias a los aspectos de este PANORAMA que ayudarían a la reforma de política agrícola.
Por ejemplo, el tercer capítulo analiza el mercado de maíz a partir de una perspectiva de competencia y aunque se espera que muchas características de este mercado se repliquen a través de las correspondientes a otros productos agrícolas, no se supone que estos mercados son perfectamente homogéneos y sería beneficioso analizar el marco competitivo en los mercados de otros productos agrícolas clave. Del mismo modo, el cuarto capítulo explora el potencial de explotación de biocombustibles a partir de residuos de 13 productos agrícolas. Una política energética integral que consideraría un conjunto más amplio de productos explotables que incluya a la silvicultura y los residuos municipales.
Por último, cualquier nueva política implementada debería incluir objetivos claros que puedan ser evaluados después de un periodo de tiempo pre-determinado. De esta manera, los programas y mecanismos exitosos podrían ser replicados y las debilidades pueden ser abordadas y resueltas. Con este fin, la UNCTAD podría volver a ser de ayuda a México en profundizar el diagnóstico del desarrollo de la agricultura de México.
2. Principales recomendaciones de política
Este documento proporciona una serie de recomendaciones preliminares de políticas para fortalecer el sector agrícola de México en un componente dinámico de crecimiento sostenido y desarrollo incluyente las cuales se destacan a continuación.
Para utilizar la política comercial para fortalecer el sector agrícola, se sugieren los siguientes pasos:
- El Gobierno debería revisar la exposición del sector agrícola de México a los choques externos, incluyendo cualquier cambio en la política agrícola de EE.UU., tales como los nuevos proyectos de Ley Agrícola de Estados Unidos que tienen un impacto directo sobre los agricultores mexicanos, identificar medidas para limitar el impacto de los choques potencialmente negativos y asegurar condiciones justas de mercado para la producción y comercio agrícolas, así como la coherencia entre las políticas comerciales y de desarrollo.
- México ha demostrado ser muy competitivo con algunas exportaciones agrícolas y debería estudiar las formas de incrementar dichas exportaciones agrícolas a los mercados con los que tiene acuerdos comerciales, a pesar de muchas dificultades que enfrentan, incluyendo la exclusión de los productos agrícolas sensibles de los tratados comerciales en los que México es parte o la competencia de países altamente productivos.
- México debe evaluar las implicaciones – beneficios y costos – sobre su producción y exportaciones agrícolas de su participación en nuevos tratados de libre comercio de largo alcance como el Acuerdo Trans-Pacífico Estratégico de Asociación (TPP) que actualmente se está debatiendo con el objeto de integrar los aspectos que aportan beneficios netos para México.
- Las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, tales como los subsidios permitidos que podrían incluir seguros sobre pérdida de ingresos, subsidios a la inversión y otras medidas, se puede utilizar con mayor eficacia para impulsar la producción agrícola y el empleo, prestando la debida atención a los costos potenciales que dicho apoyo puede imponer a otro sectores.
- Al mismo tiempo, los actuales programas de subsidios agrícolas mexicanos deben reformarse para enfocarse más a los agricultores a pequeña escala, ya que éstos parecen no haberse beneficiado mucho.
- México debería explorar las disposiciones y paquetes de asistencia técnica relativas al comercio que están disponibles en virtud de los acuerdos comerciales tales como el TLCAN, la Iniciativa de Ayuda al Comercio auspiciada por la OMC y otros programas de asistencia para el desarrollo, con el objeto de construir su sección de la agricultura.
Para fortalecer la productividad y la producción agrícola, así como la competitividad y la integración en las cadenas de valor agroalimentarias, se proponen las siguientes medidas:
- México debería considerar aumentar el gasto público (y privado) en investigación y el desarrollo agrícola con el objeto de fomentar una mayor productividad en el sector agrícola con efectos positivos sobre la producción y exportaciones.
- Fortalecer los sistemas alternativos de producción agrícola que sean sostenibles y respetuosos del medio ambiente, usen menos fertilizantes sintéticos, reduzcan la labranza. En el caso de la agricultura orgánica certificada también podría beneficiarse de márgenes de precios. A menudo, tales procesos de producción son intensivos en mano de obra y por lo tanto podrían crear o preservar el empleo, en comparación con los sistemas de producción agrícola convencionales e industriales, basados en el monocultivo y altamente dependientes de insumos externos.
- El gobierno debería facilitar el acceso de los pequeños agricultores al crédito y a la tecnología apropiada. Los proveedores de insumos y los procesadores de la producción también podrían considerar proveer créditos a los pequeños agricultores en las zonas donde el acceso a los servicios financieros no están disponibles.
- El gobierno debería continuar con sus reformas normativas e institucionales de apoyo al sector rural, incluidas el Proyecto Rural y Ahorros (BANSEFI) que ha aumentado la capacidad de las instituciones de ahorro y crédito en México.
- El aumento de las inversiones públicas en servicios financieros personalizados – crédito, ahorros, seguros e inteligencia de mercado – son necesarios para ampliar las innovaciones existentes y mejorar la cantidad y calidad de los servicios para que respondan a las demandas de los pequeños agricultores. Para ser más costo-eficientes estos servicios pueden ser mejor canalizados a través de grupos de autoayuda u organizaciones de productores como las cooperativas.
- Las organizaciones de productores agrícolas tales como las cooperativas – también deberían ser reforzados con buenos recursos y funcionalidad para ayudar a los agricultores a beneficiarse de las economías de escala, incrementar su poder de negociación (por lo tanto, precios), conjuntar los recursos para comprar insumos (por ejemplo, fertilizantes), reducir los costos de transacción y expandir la capacidad de oferta y competitividad.
- Gobierno y sector privado deberían unir fuerzas y establecer alianzas para poner a disposición de los productores agrícolas, incluidos los participantes en la cadena de valor agroalimentaria, información clave – tales como precios, inteligencia de mercados, clima, mercados de insumos y tecnologías- a través de “puntos de información”, teléfonos móviles, y esquemas de “Formación- de-Formadores” que permitan a los productores tomar decisiones informadas dentro y fuera de la granja con respecto a la siembra, cosecha y comercialización.
- Se sugiere promover el suministro aumentado y mejorado de instalaciones de bodegas fiables y seguras para el almacenamiento y el procesamiento básico de productos agrícolas, lo cual es crítico para aumentar el valor agregado, negociar mejores precios y facilitar el comercio y la comercialización eficientes. Esto también permite a los agricultores guardar sus productos y vender cuando los precios suben, por lo tanto aumentan sus ingresos y facilita el acceso al crédito donde se aceptan en garantía recibos de bodegas.
- Centrarse en la captura de un mayor valor en las cadenas de valor agrícolas a través de la integración vertical. Las asociaciones público-privadas deben ser alentadas para apoyar la integración de los pequeños productores en los mercados de mayor valor. Para mejorar la seguridad alimentaria, se propone lo siguiente (además de las recomendaciones de política mencionados anteriormente en mejorar la productividad y la producción):
- A nivel nacional, México necesita aumentar su productividad agrícola, implementar sistemas de alerta temprana y otros mecanismos que prevengan y/o respondan con prontitud a la escasez de alimentos.
- Los mecanismos regionales e internacionales también son necesarios para mitigar la escasez de alimentos (en el caso de granos a través de reservas regionales o supranacionales o fondos de emergencia) y reducir la volatilidad severa en los precios de los alimentos.
- Además, el Gobierno podría ampliar su estrategia de cobertura actual de cereales y otros cultivos, cuyo objetivo es proteger a los agricultores de la volatilidad del precio.
- El Gobierno debería estudiar la forma de solicitar recursos del G20, cuando sea posible, para integrar las recomendaciones contenidas en el “Plan de Acción sobre la Volatilidad de Precios de los Alimentos y la Agricultura”, incluyendo el Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS), que tiene como objetivo reforzar la transparencia en los mercados de productos agrícolas.
Para abordar el cumplimiento de las normas agrícolas y otras medidas no arancelarias que obstaculizan el desarrollo de la agricultura lo siguiente puede ser considerado:
- Las normas agrícolas en los mercados de exportación más importantes de México, que son en su mayoría países desarrollados, se han de cumplir y los productores mexicanos deberían ser apoyados en el cumplimiento de estas normas a través de servicios de extensión agrícola adecuados.
- El trabajo con socios comerciales clave para lograr la armonización de las medidas y la regulación podría ser un camino interesante para explorar, sobre todo para el envasado de alimentos y las normas de etiquetado nutricional que en el contexto actual del comercio con EE.UU. es muy controversial. También, son importantes los procedimientos aduaneros estandarizados y facilitados mutuamente con su principal socio comercial.
- Desde la perspectiva de las importaciones, México debería examinar la necesidad de fortalecer las medidas de control de calidad y el cumplimiento en el mercado interno para mejorar la protección de los consumidores. Por otra parte, un sistema sólido de monitoreo de los precios de importación podría detectar “dumping” potencial y buscar medidas correctivas.
- La SADER debería mantener el rumbo con sus reformas y la modernización de las leyes y los reglamentos nacionales de seguridad alimentaria, con el objeto de establecer completamente nueva supervisión pública de sus cadenas de suministro agroalimentario.
- Las autoridades mexicanas, tanto públicas como privadas, deberían trabajar estrechamente con su homólogos de EE.UU., en particular la FDA, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas de seguridad de alimentos relacionadas con el comercio y elaborar normas consagrados en la “nueva” Ley de Modernización de Seguridad Alimentaria (FSMA).
- México debería monitorear y revisar periódicamente su Acuerdo sobre Normas de Seguridad Alimentaria con EE.UU. Cuando sea viable y mutuamente beneficioso para las partes contratantes, México podría invocar y utilizar las disposiciones necesarias en materia de asistencia técnica y el apoyo que fortalece “en la fuente” el riesgo científico y de salud pública relacionada a la regulación de seguridad alimentaria en México.
Para hacer frente a los posibles problemas de competencia que afectan específicamente a la producción y comercialización de maíz en México (y si existen problemas similares en otros productos agrícolas, el mismo tipo de medidas podría ser útil), se propone lo siguiente:
- El fortalecimiento de las asociaciones existentes/cooperativas de pequeños productores de maíz y el apoyo a la creación de nuevas asociaciones/ cooperativas para fortalecer su posición en el mercado y poder de negociación al tratar con mercados altamente concentrados en ambas direcciones (ascendente y descendente) y que no se puede cambiar a través de la aplicación de la ley de competencia.
- Promover la nueva entrada a los mercados altamente concentrados de insumos y de procesamiento del maíz, a través de medidas de políticas de apoyo, por ejemplo mediante el apoyo a las cooperativas y asociaciones de agricultores para invertir en instalaciones de almacenamiento, así como las instalaciones de procesamiento, de modo que un mayor número de jugadores estarían presentes en los muy concentrados mercados de procesamiento. En cuanto a los mercados de insumos, tales como el mercado de semillas híbridas, el apoyo a la investigación y desarrollo podría incentivar la nueva entrada.
- Habilitar los productores pequeños de maíz para crecer y competir con éxito en los mercados comerciales a través de esquemas pro-competitivos y con apoyo del Estado, incluida la inversión pública en infraestructura y un mayor apoyo/ayuda públicas. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que es crucial que los respectivos esquemas de ayudas estatales sean diseñados de manera pro-competitiva y que no lleven a una mayor distorsión de la competencia. Por medio de su función de promoción, la CFC podría prestar su apoyo para diseñar esquemas de subsidios agrícolas pro-competitivos.
- La continuación de una aplicación activa de la Ley de Competencia de México en el sector agrícola, incluida la producción y comercialización de maíz, ayudaría a resolver algunos de los posibles problemas de competencia que afectan a la producción y el procesamiento del maíz. En particular, continuar vigorosamente evaluando las fusiones que afectan a los mercados agrícolas que ya están altamente concentrados, por ejemplo, el mercado de semillas híbridas de maíz y los mercados de procesamiento de maíz, evitará una mayor concentración a través del crecimiento externo.
- Los productores de maíz, además, se podrían animar a llevar a la CFC cualquier indicio de prácticas monopólicas absolutas o relativas en los mercados de insumos, lo que permitiría a la CFC iniciar las investigaciones correspondientes y enjuiciar estas prácticas, si hay pruebas suficientes.
- La CFC podría adicionalmente utilizar sus buenas relaciones de trabajo con otras autoridades de competencia en la región y en todo el mundo para abordar conjuntamente las cuestiones de competencia que se originan fuera de México, pero que impactan el sector agrícola mexicano.
- El fortalecimiento de la defensa de la competencia en el sector agrícola, dirigido a los diferentes actores de la cadena de valor agrícola aumentaría la conciencia y el respeto de los requisitos de la Ley de Competencia. Por otra parte, la medida de promoción dirigida a los pequeños agricultores podría aumentar su capacidad para identificar conductas anti competitivas (competencia desleal (y proporcionar a la CFC la información necesaria para iniciar una investigación).
- Prevenir y corregir los posibles abusos de poder de los compradores, considerando medidas para reducir la concentración de poder de mercado en ciertas etapas/actores de la cadena de valor de productos básicos agrícolas, sobre todo en cuanto a mercados de granos (incluyendo el procesamiento de maíz). No hay más de dos o tres compradores/procesadores que controlan la casi totalidad del mercado y pueden ejercer un gran control sobre las ventas y de los precios (comercialización y transformación). Por ejemplo, el gobierno mexicano podría animar a las grandes industrias de procesamiento, integración y supermercados a utilizar el sector de pequeña escala para que puedan entrar o permanecer en los mercados de exportación de alto valor o potencial. Tanto exportadores como compradores en las principales zonas urbanas podrían ser flexibles para permitir que los pequeños agricultores tengan tiempo para adaptarse a las condiciones cambiantes y las normas. Explorar en conjunto con la CFC el grado en el cual los posibles abusos de poder del comprador podrían ser enjuiciados bajo el artículo 10 de la LFC o establecer un mecanismo de denuncia en caso de ASERCA si los contratos que se benefician de un subsidio ASERCA no se respetan. (PENDIENTE A EVALUACION INTERNA) Para fomentar la promoción de los biocombustibles en conjunto con el desarrollo del sector agrícola en México, e ir más allá del enfoque actual de los biocombustibles de primera generación, se propone lo siguiente:
- Desarrollar un marco global para acelerar el desarrollo tecnológico y la demanda de biocombustibles producidos a partir de residuos porque: (a) una serie de programas para apoyar las inversiones rurales y los esfuerzos de I + D en las actividades de biocombustibles, sobre todo en proyectos de biogás de digestión anaerobia, sin embargo, sigue siendo poco claro para los productores qué programas están mejor adaptados para apoyar el desarrollo de los biocombustibles elaborados a partir de residuos agrícolas, y (b) junto con la falta de oportunidades de mercado previsibles para los biocombustibles avanzados en el país, esto conduce a un clima de incertidumbre en el mercado lo que desalienta las inversiones privadas en investigación.
- Promover estrategias claras para reducir los costos y riesgos de inversión, así como para promover la investigación y el despliegue de tecnologías de biocombustibles de segunda generación, tanto autóctono como en cooperación con otros países.
- Fomentar la cooperación internacional para hacer frente a los costos iniciales de I+D, así como para generar mercados de tamaño suficiente para aprovechar las economías de escala disponibles. En este sentido, México puede hacer uso de sus alianzas de biocombustibles en curso en la región Mesoamericana, y de la cooperación con los países y regiones que participan en la investigación avanzada y el despliegue de los biocombustibles, tales como Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.
- Examinar las oportunidades que van más allá de los 14 productos agrícolas encuestados en este documento sería de interés, tales como las dirigidas a todos los residuos agrícolas, así como los productos forestales y de los residuos municipales.
- Existe la necesidad de coordinar políticas y planes de financiación comunes, especialmente entre la SADER y la SENER, el fomento de un entorno institucional propicio para la realización de un enfoque integrador entre la agricultura y la producción de biocombustibles a partir de residuos.
Artículo publicado en Los Porcicultores y su Entorno
