César Rafael Ocaña Romo.
M.Sc. in International Agricultural Sciences.
Humboldt Universität zu Berlín, Alemania.
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• Dónde estamos y qué rumbo se habrá de tomar.
“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Frase inmortalizada a la entrada del campo de exterminio nazi de Auschwitz. George Santayana (1863-1952), Filósofo Español.
La próxima elección en México será crucial, con la población votando por presidente, legisladores federales y cargos estatales. Los actores políticos y sociedad civil buscan puntos de encuentro para analizar y proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población en general. Se han llevado a cabo debates y discusiones sobre políticas agroalimentarias por parte de los principales contendientes: el Frente Amplio por México (PAN, PRD y PRI) y MORENA (Segunda etapa de la Cuarta Transformación), abordando temas comunes con diferentes matices: seguridad alimentaria, desarrollo rural, sostenibilidad, competitividad, equidad, cambio climático, tecnología e innovación, entre otros más.
Retomando la frase “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”, hemos sido testigos cuando las fuerzas políticas en aras de cosechar adeptos dan rienda suelta a las propuestas de política pública dejando de lado el costo presupuestal, creándose expectativas fuera de la realidad. Los recursos gubernamentales son limitados, siendo crucial priorizar políticas y programas de acuerdo con su impacto potencial, viabilidad técnica, económica y equidad, y hacer de lado presiones e interferencia política que pueden dar al traste con las intenciones de las propuestas. Además, en su seguimiento es necesario establecer indicadores para medir el progreso y realizar evaluaciones periódicas para ajustar estrategias según sea necesario.
¿Dónde estamos?
El sector agroalimentario mexicano ha experimentado un crecimiento constante pero aún insuficiente para eliminar la pobreza rural. En 1993 las exportaciones ascendieron a $4,015 millones de dólares con saldo comercial deficitario, alcanzando el 2015 un superávit de $1,117 millones de dólares con exportaciones de $25,754 millones de dólares. (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera -SIAP-). Cont inuando esta tendencia el 2020 se llegó a los $51,874 millones de dólares en exportaciones con un superávit de $7,576 millones de dólares.
Posteriormente se observa una disminución en el superávit comercial en el 2021 y 2022, con una ligera recuperación en el año 2023 (SIAP). En el año 2022, el sector agropecuario y pesquero generó $1 billón 521 mil 163 millones de pesos (SIAP). Ese año el Presupuesto de Egresos 2022 de toda la Administración Pública Federal, ascendió a $7 billones 088 mil 250 millones de pesos. Según informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las transferencias presupuestarias asignadas a los productores en la actual administración se destinan principalmente a pagos basados en el uso de insumos (para electricidad al bombeo de agua subterránea para riego y el programa de fertilizantes) y en pagos directos basados en la superficie (Programa de Producción para el Bienestar -antes PROCAMPO – y el Programa Sembrando Vida para forestación y agroforestería), representando el 80% del total de los apoyos a los pequeños productores.
Sobre el programa Sembrando Vida, OCDE recomienda asegurar que no motive a los productores a deforestar sus tierras para beneficiarse del programa. Otro rubro significativo es el programa de fertilizantes que se ha expandido a nivel nacional, con un aumento significativo en su presupuesto: de $1.9 mil millones de pesos en el año 2020 a $16.7 mil millones en 2023, sugiriéndose se focalice en corregir las deficiencias del mercado que dificultan el acceso de los productores marginados a insumos, créditos, capacitación en buenas prácticas agrícolas y considerar características del suelo y necesidades de nutrientes.
El programa de precios de garantía ejecutado por SEGALMEX apoya a más de 117,000 pequeños productores. Según el reporte de OCDE en el 2022 compró 9 millones de toneladas de maíz y trigo; y 618 millones de litros de leche. Sin embargo, su alcance es limitado: de maíz se producen alrededor de 26 millones de toneladas y se importan 16 millones de toneladas que van al alza; mientras de trigo se producen aproximadamente 3.6 millones de toneladas y se importan 5 millones de toneladas; respecto de leche de bovinos se producen 13 mil millones de litros e importan 4 mil millones de litros (SIAP). El informe de OCDE añade que los precios de garantía son más bajos que los precios del mercado y tratan de abordar las fallas del mercado que se deben a la falta o limitación de infraestructura como caminos rurales, instalaciones de almacenamiento, información de mercado o falta de asociaciones.
Señala además que las tasas de pago disminuyen con los incrementos del tamaño de la explotación y difieren según el producto. Otras políticas de apoyo incluyen a consumidores en zonas vulnerables a través de la distribución de alimentos básicos; y medidas sanitarias y fitosanitarias para la detección temprana de plagas y enfermedades. OCDE refiere que las asignaciones públicas para servicios generales y bienes públicos son insuficientes, pese a que pueden mejorar el desempeño del sector. Estas son los servicios de extensión y asistencia técnica, sistemas de información meteorológica y de precios, mejores conocimientos agrícolas, sistemas de innovación, investigación y desarrollo agrícola.
En diciembre del 2020, el gobierno mexicano comenzó a eliminar gradualmente el uso del herbicida glifosato y maíz genéticamente modificado (OGM) para consumo humano mediante un decreto. En febrero del 2023, se emitió otro decreto prohibiendo el maíz blanco OGM para el consumo humano, como la masa y la tortilla de maíz y el uso de glifosato a partir del 31 de marzo del 2024, argumentando razones de salud y ambientales. El uso de OGM en el maíz amarillo para la agroindustria y la alimentación animal sigue siendo permitido. Lo anterior es materia de controversia con Estados Unidos al amparo de las reglas del T-MEC. La reciente desaparición de la Financiera Rural es un golpe al campo mexicano que viene precedido de la eliminación de otras instancias y programas relacionados con esquemas de administración de riesgos a la producción y mercado; inversiones a infraestructura para la producción primaria; y transformación a productos con mayor valor agregado.
El gobierno federal ha implementado medidas para contrarrestar los efectos inflacionarios y de escasez provocados por la guerra en Ucrania: la eliminación de aranceles a la importación para productos de la canasta básica y la introducción de aranceles de exportación para el maíz blanco destinado al consumo humano, con efectos cuestionables. México continúa aprovechando acuerdos de libre comercio con más de 50 países, donde gran parte del comercio agroalimentario ocurre bajo estos tratados. La estabilidad del peso continua, las remesas son parte importante del ingreso de divisas al país y reflejo de la falta de oportunidades internas, las tasas altas de intereses persisten, hay mejoras en salarios, consumo y reducción de la pobreza, sin embargo, el crecimiento económico no es suficiente.
Preocupa la estabilidad de las finanzas públicas, la transparencia, señalamientos de corrupción, el aumento de la delincuencia organizada, así como eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto para la nación. Presentes los desafios al estado de derecho, gobernabilidad y democracia. El Nearshoring promete al país, pero requiere de certeza a la inversión. Habremos de participar y estar atentos como sociedad civil.
Artículo publicado en “Los Avicultores y su Entorno Abril Mayo 2024“
