Enrique Domínguez Lucero.
De cara a la revisión del tratado, la posición de México se encuentra en una encrucijada compleja. Históricamente, el gobierno mexicano ha evitado abrir el capítulo agrícola por temor a que Estados Unidos imponga barreras estacionales o aranceles a las exportaciones mexicanas de éxito (como el tomate, las berris o el aguacate). Sin embargo, mantener el statu quo sigue desprotegiendo la soberanía alimentaria y a los productores de pequeña y mediana escala.
El debate sobre la soberanía alimentaria y la política industrial en México. La Secretaría de Economía, al administrar los mecanismos de competencia desleal (como las investigaciones antidumping y los subsidios cruzados), se enfrenta constantemente a una contradicción de objetivos: proteger al productor nacional frente a importaciones desleales o abrir el mercado para garantizar alimentos baratos y frenar la inflación para la mayoría de la población urbana.
Históricamente, la balanza se ha inclinado hacia esto último, convirtiendo la política de abasto en un subsidio implícito al consumidor a costa de la rentabilidad del agricultor local.
México debe aceptar esta realidad y resignarse a ser un productor especializado de hortalizas y frutas (el “huerto de Norteamérica”) mientras abandona los granos básicos y la proteína animal es una de las decisiones estratégicas más críticas de las próximas décadas. Existen dos posturas contrapuestas ante esta encrucijada:
La visión de la especialización de mercado (Aceptar la tendencia)
Quienes defienden mantener el rumbo actual argumentan razones de eficiencia económica:
- Ventaja comparativa real: México tiene un éxito agroexportador innegable en productos de alto valor (aguacate, berries, tomate, tequila). El valor por hectárea y por litro de agua de estos cultivos es significativamente mayor que el del maíz o el trigo.
- Financiamiento del abasto: Los dólares generados por las exportaciones de hortalizas y frutas, en teoría, superan con creces el costo de importar granos más baratos de las regiones altamente subsidiadas del Cinturón del Maíz estadounidense.
El argumento de la soberanía y la seguridad nacional (Resistir el abandono)
Por otro lado, la postura que rechaza este “tiro de gracia” advierte sobre riesgos estructurales severos:
- Vulnerabilidad geopolítica y climática: Depender al 100% del exterior para los alimentos básicos (maíz, trigo, soya, carne de cerdo y ave) deja al país a merced de sequías globales, conflictos bélicos o decisiones políticas unilaterales de Estados Unidos. Un cierre de frontera o una crisis de transporte paralizaría el suministro básico de la población.
- Desarticulación social: El cultivo de hortalizas es intensivo en mano de obra migratoria estacional, pero no arraiga a las familias a la tierra de la misma manera que la agricultura tradicional de granos. El abandono total de estos sectores profundizaría el vacío social en estados clave, cediendo aún más control territorial a las economías informales e ilícitas.
- La falacia del “libre mercado”: No se está compitiendo contra la naturaleza o la eficiencia del agricultor norteamericano, sino contra el presupuesto del tesoro estadounidense. Ceder el sector primario básico implica aceptar que un subsidio extranjero determine la viabilidad social de las regiones rurales de México.
Finalmente: Aceptar esa realidad como inevitable significa consolidar un modelo dual: un campo próspero y tecnificado que exporta a los supermercados de EE. UU., y un campo básico desmantelado y dependiente. La alternativa requiere una política de Estado que no dependa únicamente de las reglas del T-MEC, sino de una red de seguridad interna (subsidios focalizados a la productividad, infraestructura de almacenamiento y esquemas de comercialización propios) que compense las asimetrías que el tratado no quiso resolver.
